A través de dos decretos publicados tras el mensaje del Presidente, la Casa Rosada amplió las facultades punitivas de Cancillería y formalizó la reasignación de partidas para las Fuerzas Armadas.
En el marco de los anuncios brindados por el presidente Javier Milei en cadena nacional respecto de la soberanía en el Atlántico Sur, el Poder Ejecutivo oficializó mediante el Boletín Oficial los decretos de necesidad y urgencia 867/2026 y 868/2026. Las normativas formalizan una ampliación presupuestaria destinada a las áreas operativas de la Defensa Nacional y facultan al Ministerio de Relaciones Exteriores a fiscalizar e imponer sanciones administrativas a firmas que participen de la extracción no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas.
El DNU 867/2026 dispuso una reestructuración de las partidas presupuestarias del ejercicio actual con el fin de garantizar el financiamiento de las Fuerzas Armadas y sostener la operatividad de los servicios esenciales del área. Según los fundamentos oficiales, la adecuación resulta imperiosa para consolidar la presencia estatal en el Atlántico Sur y la Antártida, articulándose con iniciativas de infraestructura estratégica como el impulso a la Base Naval Integrada en Ushuaia.
Por su parte, el Decreto 868/2026 nombró a la Cancillería —encabezada por Pablo Quirno— como la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 de Hidrocarburos. La norma fija un procedimiento sumario para investigar de oficio o por denuncia a empresas e intermediarios involucrados en operaciones offshore ilegales en la plataforma continental argentina, obligando a los aspirantes a regímenes de inversión como el RIGI o permisos petroleros a presentar declaraciones juradas de no contravención a la legislación soberana.
