En la última jornada antes de la apertura del ciclo ordinario, la Cámara Alta buscará convertir en ley el nuevo marco de relaciones del trabajo y avanzar con la baja en la edad de imputabilidad. El oficialismo confía en sellar estos acuerdos estratégicos con el apoyo de los bloques provinciales.
El Congreso de la Nación se prepara para una de las sesiones más determinantes del primer trimestre. El Ejecutivo ha puesto toda su energía política en asegurar que la Reforma Laboral salga del recinto con sanción definitiva, cerrando un proceso de intensas negociaciones con los gobernadores territoriales. Esta normativa es considerada por la Casa Rosada como la piedra angular para fomentar la inversión privada y reducir la informalidad en las pymes del interior. En paralelo, el debate sobre el Régimen Penal Juvenil buscará dar respuesta a una demanda de seguridad que el Gobierno nacional ha priorizado en su agenda de transformación institucional para este 2026.
La estrategia legislativa en el Senado ha requerido un trabajo de sintonía fina con los sectores moderados, quienes han solicitado precisiones sobre la implementación de los nuevos protocolos de justicia juvenil. Mientras que el oficialismo defiende la necesidad de actualizar las escalas de punibilidad para combatir el delito complejo, los representantes de las provincias han puesto el foco en los programas de rehabilitación y reinserción. El Gobierno nacional ha mostrado apertura para incorporar partidas presupuestarias específicas que refuercen la infraestructura carcelaria y los centros de contención en las provincias, garantizando así un acompañamiento federal a la nueva ley.
Con la aprobación de este paquete, el Gobierno pretende llegar a la Asamblea Legislativa del 1 de marzo con un balance de gestión parlamentaria contundente. La sanción de la reforma laboral no solo representa una victoria política frente a los sectores gremiales más combativos, sino que también establece las nuevas reglas de juego para el sector productivo antes del inicio del año fiscal. De concretarse el resultado esperado, el oficialismo habrá logrado despejar el horizonte legislativo de las reformas más sensibles, permitiendo que el resto del 2026 se centre en la implementación técnica y el seguimiento de los acuerdos comerciales internacionales.
