Tras una votación ajustada que otorgó un triunfo legislativo clave al Ejecutivo, oficialistas y opositores cruzaron posturas sobre el impacto de la medida. Mientras el Gobierno celebra el «fin de la industria del juicio», los sectores críticos advierten por la precarización del empleo.
La media sanción de la Reforma Laboral en la Cámara Alta generó un fuerte impacto en todo el espectro político nacional. Desde la Casa Rosada, los principales referentes del oficialismo calificaron la jornada como «histórica» y aseguraron que se trata del primer paso firme hacia la recuperación del empleo privado en Argentina. Argumentan que la nueva normativa brinda la seguridad jurídica necesaria para que las pymes del interior del país vuelvan a contratar personal sin el riesgo de enfrentar litigios que pongan en peligro su capital, marcando un cambio de paradigma en las relaciones de producción para este 2026.
En la vereda opuesta, el bloque de la oposición más dura y los representantes de los sectores gremiales territoriales expresaron su rechazo, calificando la reforma como un retroceso en materia de derechos adquiridos. Las críticas se centraron principalmente en la modificación del régimen de indemnizaciones y la extensión de los períodos de prueba, medidas que, según los legisladores críticos, facilitarán los despidos arbitrarios. A pesar de estas posturas, los gobernadores de las provincias moderadas destacaron la importancia de haber incluido salvaguardas técnicas durante el debate en comisión, lo que permitió que el proyecto avanzara con el apoyo de sectores que inicialmente se mostraban reticentes.
El escenario se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno nacional espera ratificar lo votado por los senadores antes del cierre del período de sesiones extraordinarias. Los operadores políticos del Ejecutivo ya iniciaron una nueva ronda de contactos con los líderes de los bloques dialoguistas para asegurar que no haya modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la cámara de origen. Con la mirada puesta en el inicio de las sesiones ordinarias en marzo, el oficialismo busca consolidar este avance legislativo como una muestra de gobernabilidad y capacidad de consenso en un año determinante para el programa de reformas estructurales.
