A pesar del optimismo por el avance general del proyecto, el Gobierno nacional ha tenido que abrir una instancia de diálogo técnico sobre los regímenes de salud y ausentismo. La búsqueda de un consenso con los bloques moderados es clave para evitar que el debate se empantane en la Cámara Baja.
En el tramo final de las discusiones por la Ley de Modernización Laboral, la administración central ha mostrado flexibilidad en uno de los puntos más sensibles para la oposición dialoguista: el tratamiento de las licencias médicas y las incapacidades. Mientras el espíritu de la reforma busca reducir los costos extra-salariales y combatir la industria del juicio, varios representantes de las provincias del interior han planteado la necesidad de proteger ciertos estándares básicos para garantizar la paz social. Esta «salida negociada» permitiría mantener el grueso de las desregulaciones a cambio de precisiones técnicas que eviten interpretaciones judiciales contradictorias en el futuro.
Desde la mesa política de la Casa Rosada confían en que este gesto de apertura servirá para blindar la mayoría necesaria en el recinto de Diputados. Los operadores oficiales intensificaron las reuniones con los legisladores que responden a los gobernadores territoriales, quienes actúan como mediadores entre las demandas del Ejecutivo y las preocupaciones de los sectores gremiales regionales. El objetivo es llegar a la votación con un dictamen de mayoría que, aunque incluya modificaciones menores en el capítulo de salud, preserve la estructura del fondo de cese laboral y los nuevos esquemas de contratación por tiempo determinado.
El desenlace de esta negociación técnica será fundamental para el cronograma de sesiones ordinarias que se avecina. Si el oficialismo logra aprobar el paquete con estos ajustes, enviará una señal de gobernabilidad y capacidad de acuerdo que trasciende lo estrictamente laboral. Por el contrario, un desacuerdo en este punto podría demorar la sanción definitiva y obligar al Gobierno a redoblar la presión política en un mes de marzo que ya se perfila como uno de los más intensos en términos de actividad parlamentaria. La prioridad absoluta sigue siendo obtener la ley para mostrar resultados concretos ante el sector productivo antes del cierre del primer trimestre.
