Ante la consolidación de mayorías oficialistas en el Congreso, los bloques de la oposición ven pocas posibilidades de frenar el proyecto en el recinto. La expectativa del sector se desplaza ahora hacia la capacidad de respuesta y movilización que demuestre la CGT en las próximas semanas.
En el marco de las sesiones extraordinarias, los principales referentes del peronismo parlamentario han comenzado a reconocer las dificultades para bloquear la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Tras las últimas negociaciones entre la Casa Rosada y los bloques regionales del interior, el oficialismo parece haber asegurado el número necesario para avanzar con los puntos centrales de la ley. Ante este escenario, la estrategia de la oposición se ha volcado a visibilizar las críticas técnicas al proyecto, mientras admiten en privado que la correlación de fuerzas en ambas cámaras favorece actualmente la agenda de desregulación del Gobierno nacional.
La mirada de los dirigentes políticos está puesta ahora en la reacción de la central obrera. Dentro del espacio opositor, se considera que solo una medida de fuerza de gran escala o una movilización masiva podría alterar el clima legislativo y forzar una revisión de los artículos más polémicos, como los referidos a las indemnizaciones y los períodos de prueba. Sin embargo, existen visiones encontradas sobre la oportunidad de un nuevo paro general, dado que algunos gobernadores territoriales prefieren mantener una vía de diálogo abierta con el Ministerio de Economía para no comprometer las transferencias de fondos a sus provincias.
Mientras el debate se traslada a las comisiones, el peronismo busca reagrupar sus filas para evitar una fragmentación mayor ante las votaciones que se avecinan en marzo. La intención es mantener una postura unificada que permita señalar lo que consideran una pérdida de derechos para los trabajadores, apostando a que el costo político de la reforma recaiga íntegramente en el oficialismo y sus aliados circunstanciales. El desenlace de esta puja definirá no solo el nuevo marco regulatorio del empleo en 2026, sino también el liderazgo dentro de la oposición en un año marcado por la confrontación de modelos económicos.
