La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, busca modificar el régimen penal juvenil actual. El Ejecutivo incluyó el tratamiento de esta reforma en el temario de las sesiones extraordinarias que comenzarán en febrero.
El Ministerio de Seguridad confirmó que enviará a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. El objetivo central de la propuesta es actualizar la normativa penal juvenil, permitiendo que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y sancionados bajo un régimen que contemple su responsabilidad penal. Desde el oficialismo argumentan que esta medida responde a una demanda de mayor seguridad y a la necesidad de adaptar la legislación a las nuevas modalidades delictivas que involucran a adolescentes.
El proyecto establece no solo la baja en la edad, sino también la creación de establecimientos especializados para el cumplimiento de las penas, evitando el contacto de los menores con la población carcelaria adulta. Además, contempla programas de reinserción social y educativa obligatorios, con el fin de abordar las causas subyacentes de la delincuencia juvenil. La ministra de Seguridad ha señalado que la reforma es una pieza clave dentro del plan de lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana, buscando terminar con la impunidad en hechos de violencia protagonizados por menores de edad.
La propuesta genera un intenso debate en el Congreso, donde los bloques de la oposición y diversos organismos de derechos humanos ya han manifestado sus reservas. Mientras que algunos sectores del interior del país apoyan la medida como una respuesta a la situación en los centros urbanos, otros advierten sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección de la infancia antes de recurrir a medidas punitivas. El tratamiento de esta ley durante febrero marcará un nuevo eje de confrontación política en un parlamento que ya se encuentra dividido por la agenda de reformas económicas del Gobierno.
