En la previa de una jornada de protestas, el Gobierno oficializó un refuerzo de hasta $340.000 para los efectivos federales. La medida, que se pagará por única vez en abril, busca dar un alivio inmediato a los escalafones más bajos sin comprometer el superávit fiscal a largo plazo.
A través del decreto 216/2026, el Ejecutivo dispuso un esquema de pagos extraordinarios para los miembros de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. El beneficio consiste en una suma fija de $40.000 para todo el personal, a la que se le suma un adicional variable de hasta $300.000 que beneficia principalmente a los agentes, cabos y sargentos. De esta manera, el Ministerio de Seguridad prioriza a las bases operativas, donde se concentraba la mayor presión por la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación de los últimos meses.
Lo distintivo de esta medida es su diseño financiero: los bonos son no remunerativos, lo que significa que no se incorporan al sueldo básico ni impactan en el cálculo de aguinaldos o jubilaciones. Además, el Gobierno aclaró que los fondos saldrán de las partidas ya asignadas al Ministerio que conduce Patricia Bullrich, evitando así pedir refuerzos presupuestarios al Tesoro. Es, en esencia, una redistribución interna de recursos para «apagar el incendio» salarial sin desviarse de la meta de emisión cero que tanto defiende el Banco Central.
Este movimiento se da en sintonía con la nueva pauta para paritarias que el Gobierno empezó a impulsar esta semana, donde se busca recomponer ingresos de forma selectiva. Al desactivar el conflicto con las fuerzas de seguridad mediante un pago único, el Ejecutivo gana tiempo mientras espera que la inflación siga su camino de desaceleración. Con el riesgo país estabilizado y el respaldo del FMI, la prioridad de la Casa Rosada sigue siendo mantener la paz social sin sacrificar el orden macroeconómico que logró construir en este primer cuatrimestre del año.
