Con el objetivo de robustecer las reservas y cumplir con las metas fiscales, el equipo económico apura la venta de activos estatales y participaciones accionarias. El plan apunta a sectores estratégicos como energía y transporte para generar un ingreso de divisas clave en el segundo semestre.
El Poder Ejecutivo decidió imprimirle velocidad a su agenda de reformas estructurales, poniendo el foco en la salida del Estado de diversas empresas públicas. Según fuentes oficiales, el Palacio de Hacienda trabaja en un cronograma de licitaciones que permitiría recaudar cerca de 2.000 millones de dólares antes de que termine el 2026. La urgencia responde a la necesidad de mostrar solvencia ante los mercados internacionales y garantizar un colchón de dólares que permita estabilizar el mercado cambiario sin depender exclusivamente de las liquidaciones del agro.
Entre los activos prioritarios para este proceso se encuentran las acciones que el Estado posee en empresas mixtas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), así como la concesión de servicios logísticos y tramos específicos de infraestructura energética. El Gobierno sostiene que la transferencia de estas unidades al sector privado no solo aportará fondos frescos de manera inmediata, sino que también reducirá el déficit operativo que estas compañías generan mensualmente, eliminando la necesidad de asistencia del Tesoro Nacional.
A pesar del optimismo oficial, el plan enfrenta desafíos tanto en el Congreso como en la Justicia, donde diversos sectores gremiales y políticos ya preparan impugnaciones. La viabilidad de recaudar esa cifra millonaria dependerá en gran medida de la confianza de los inversores extranjeros y de la transparencia en los pliegos de licitación. Mientras tanto, el mercado observa con atención este movimiento, entendiéndolo como una señal determinante de la profundidad que el Gobierno está dispuesto a darle a su programa de desregulación económica.
