Tras un intenso poroteo en Diputados, el oficialismo decidió postergar el envío de la reforma política. A pesar del alivio financiero otorgado a las provincias, los gobernadores y los bloques aliados mantienen sus reparos sobre el fin de las primarias, obligando al Ejecutivo a priorizar la Boleta Única de Papel.
El plan del Gobierno para reformular el sistema electoral sufrió su primer freno significativo. Luego de semanas de negociaciones, los operadores de la Casa Rosada admitieron que no cuentan con los votos necesarios para derogar las PASO. Muchos gobernadores, incluso aquellos que recientemente recibieron adelantos de coparticipación para sanear sus cuentas, ven en las primarias una herramienta necesaria para ordenar sus propias internas locales frente al avance de las fuerzas nacionales. Ante este escenario, Javier Milei optó por la prudencia: para evitar un revés que empañe sus recientes logros legislativos, el proyecto quedará «en el freezer» hasta que el clima político sea más favorable.
Este freno no implica un abandono total de la agenda de reformas. El Ejecutivo ahora concentrará todas sus energías en la Boleta Única de Papel (BUP), un punto que sí reúne un consenso mayoritario y que es visto como una victoria «posible» a corto plazo. Para el Ministerio de Desregulación, avanzar con la BUP sigue siendo fundamental para reducir el gasto público y modernizar el sistema, en sintonía con la narrativa de austeridad que ha permitido mantener el riesgo país en torno a los 550 puntos y el dólar estable cerca de los $1.400.
La postergación de la reforma política se da en un contexto de creciente presión externa e interna. Mientras el FMI monitorea la capacidad del Gobierno para transformar su programa económico en leyes permanentes, la cercanía de la movilización del 30 de abril obliga al oficialismo a elegir sus batallas con cuidado. Al postergar el debate sobre las PASO, el Gobierno busca evitar frentes de conflicto innecesarios con sus aliados parlamentarios, intentando llegar a mayo con la «Ley Hojarasca» y la reforma laboral lo más avanzadas posible, en un intento por demostrar que, a pesar de la recesión industrial, el rumbo transformador de la gestión sigue intacto.
