El fondo de inversión Titan Consorcio relanzó su ofensiva en los tribunales de Washington para cobrar una millonaria sentencia derivada de la expropiación de la línea de bandera. La estrategia apunta a identificar bienes del Estado nacional en el exterior para ejecutar el pago.
El conflicto judicial por la estatización de Aerolíneas Argentinas, ocurrida en 2008, sumó un capítulo crítico en los tribunales de Estados Unidos. El fondo Titan Consorcio, actual titular de los derechos de la sentencia dictada por el CIADI (el tribunal arbitral del Banco Mundial), solicitó a la justicia norteamericana que se aceleren los mecanismos de búsqueda de activos embargables. El monto reclamado, que incluye intereses y punitorios, ya supera los 340 millones de dólares, y la paciencia de los demandantes parece haberse agotado tras años de incumplimiento por parte del Estado argentino.
La estrategia del fondo no se limita a las cuentas bancarias tradicionales, sino que apunta a activos de empresas estatales que operan o tienen intereses en suelo estadounidense. Bajo la doctrina del «alter ego», Titan intenta demostrar que ciertas compañías públicas funcionan como una extensión directa del Gobierno Nacional, lo que permitiría ir tras sus bienes para saldar la deuda. Este movimiento judicial genera una fuerte preocupación en el equipo económico, ya que un eventual embargo podría afectar la logística y las operaciones comerciales de Argentina en el exterior.
Desde el Gobierno, los abogados que representan al país intentan dilatar la ejecución argumentando cuestiones de soberanía y vicios procesales en la transferencia de los derechos del juicio. Sin embargo, el antecedente del «caso YPF» y la postura firme de los tribunales de Columbia ponen a la Argentina en una posición defensiva delicada. Mientras se define el curso legal, esta presión financiera se suma a la lista de «juicios heredados» que complican la acumulación de reservas y la estrategia de reingreso a los mercados internacionales de crédito.
