El Poder Ejecutivo actualizó el marco regulatorio del sector extractivo con el objetivo de optimizar la fiscalización de los beneficios impositivos y transparentar la cadena de valor.
A través de una resolución oficial, el Gobierno introdujo cambios significativos en el régimen de la Ley de Inversiones Mineras (Ley N° 24.196). La medida modifica aspectos operativos del sistema de beneficios fiscales concedidos a las empresas del sector, simplificando trámites administrativos pero endureciendo los requisitos de acreditación de inversiones en exploración, desarrollo e infraestructura productiva.
La principal novedad del paquete regulatorio es la creación de un nuevo Registro Único de Proveedores de la Actividad Minera. Con este padrón centralizado, la Secretaría de Minería busca empadronar a las empresas prestadoras de bienes y servicios que operan en los yacimientos, estableciendo criterios claros de homologación y trazabilidad para que puedan acceder a las franquicias aduaneras y esquemas de devolución de IVA previstos en la norma.
Desde el equipo económico explicaron que la reestructuración apunta a maximizar el impacto socioeconómico en las provincias mineras, priorizando el desarrollo de proveedores locales y evitando desvíos en el uso de las exenciones tributarias. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para captar inversiones de escala en litio, cobre y oro, garantizando mayor seguridad jurídica y un marco operativo actualizado para las compañías globales que operan en el país.
