Tras la aprobación de los cambios en la normativa ambiental, el Ejecutivo aseguró que se eliminan barreras que frenaban proyectos por miles de millones de dólares. La medida busca potenciar la actividad en la zona periglacial, especialmente en el sector del cobre y el litio, para fortalecer el ingreso de divisas.
El Gobierno nacional calificó como un «paso hacia la modernidad» la reciente modificación de la Ley de Glaciares. Según la visión oficial, la redacción anterior contenía definiciones técnicas ambiguas que generaban una «zona gris» legal, impidiendo el desarrollo de emprendimientos mineros que son vitales para la economía nacional. Con la nueva reglamentación, se busca delimitar con mayor precisión las áreas protegidas, permitiendo la actividad productiva en zonas que, según el Ministerio de Desregulación, no comprometen las reservas hídricas estratégicas del país pero sí ofrecen un potencial exportador inmediato.
Esta reforma es vista por el equipo económico como un motor fundamental para el crecimiento a mediano plazo. En un contexto donde la actividad industrial general sufrió una caída del 11,3% en febrero, el sector minero aparece como uno de los pocos «brotes verdes», habiendo crecido un 7% en el mismo período. Al facilitar las inversiones en provincias cordilleranas, el Ejecutivo apuesta a que la minería se convierta en un pilar de exportación similar al agro, ayudando a consolidar la acumulación de reservas en el Banco Central y a mantener bajo control el riesgo país, que actualmente perforó el piso de los 600 puntos.
Sin embargo, la medida no está exenta de tensiones. Mientras el Gobierno celebra lo que considera el fin de «distorsiones que impedían el progreso», diversas organizaciones ambientales y sectores de la oposición ya preparan presentaciones judiciales, advirtiendo sobre posibles riesgos para los ecosistemas de alta montaña. El desafío para la Casa Rosada será reglamentar la ley de manera que resista los cuestionamientos en los tribunales, asegurando que la búsqueda de dólares y reactivación económica no choque con la protección de recursos naturales sensibles en el actual escenario de cambio climático global.
