Organizaciones de la sociedad civil, científicos y bloques opositores convocaron a una movilización nacional para este martes. El reclamo central apunta contra la falta de participación ciudadana en el debate legislativo y las modificaciones que, según denuncian, reducirían el área de protección de los cuerpos de hielo para favorecer proyectos extractivos.
La movilización, convocada para este martes, surge como respuesta a la aceleración del tratamiento parlamentario de una reforma que busca modificar la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares. Según los convocantes, el nuevo proyecto propone redefinir los criterios técnicos de lo que se considera ambiente protegido, lo que dejaría fuera del inventario nacional a miles de hectáreas de cuerpos de hielo y suelos congelados. Los manifestantes sostienen que esta «trampa semántica» tiene como único objetivo habilitar explotaciones industriales en áreas que hoy están estrictamente vedadas por su valor ecológico.
Desde los bloques opositores critican que el oficialismo haya limitado las instancias de participación ciudadana y la consulta a científicos especializados en glaciología. Denuncian que se está ignorando el principio de «no regresión» ambiental, el cual impide que se sancionen leyes que reduzcan los estándares de protección ya alcanzados. Para los ambientalistas, la reforma no solo pone en peligro el ecosistema andino, sino que amenaza directamente el suministro de agua dulce de las provincias cordilleranas en un contexto de crisis climática global y sequías recurrentes.
El conflicto ha generado una fuerte división entre el Gobierno nacional, que argumenta la necesidad de «otorgar seguridad jurídica» para fomentar inversiones y el desarrollo económico provincial, y las comunidades locales que ven en esta ley su última defensa natural. Se espera que la jornada de protesta culmine con la entrega de un petitorio ante las autoridades de la Cámara de Diputados, exigiendo que se mantenga la redacción original de la ley y se garantice un debate abierto, transparente y basado en evidencia científica antes de cualquier votación definitiva.
