El organismo de control estableció nuevos parámetros de reporte y actualización de controles preventivos para las operaciones inmobiliarias en todas las jurisdicciones.
La Unidad de Información Financiera (UIF) oficializó una reestructuración integral del marco normativo aplicable a los Registros de la Propiedad Inmueble en la Argentina. La medida apunta a fortalecer la detección temprana de maniobras sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, adecuando las exigencias de fiscalización a las recomendaciones internacionales y a los estándares fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entre las principales disposiciones, la resolución actualiza los montos mínimos a partir de los cuales las entidades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires deben aplicar medidas de debida diligencia sobre las transacciones registradas. Asimismo, se fijaron pautas más rigurosas para la identificación del beneficiario final de los inmuebles y se digitalizaron los canales de comunicación obligatorios, buscando agilizar el envío de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Con este cambio de reglas, las autoridades buscan cerrar brechas operativas en el mercado de bienes raíces, un sector históricamente sensible al flujo de fondos no declarados. La normativa exige que las autoridades registrales de cada distrito readecuen sus sistemas informáticos y capaciten a su personal administrativo para cumplir de forma efectiva con las nuevas obligaciones de monitoreo y fiscalización.
