El Gobierno acelera la reducción de estructuras en ministerios para cumplir con las metas de ahorro, mientras Federico Sturzenegger admite dificultades para avanzar con el paquete de 90 leyes de desregulación. La falta de mayorías obliga al oficialismo a priorizar temas urgentes y postergar reformas estructurales clave.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado continúa con su plan de poda burocrática, eliminando secretarías y direcciones en todas las carteras nacionales. Esta poda administrativa busca consolidar el superávit fiscal y enviar una señal de disciplina a los mercados, en un contexto donde el riesgo país se mantiene estable en 550 puntos. Sin embargo, el «clima de victoria» por el ordenamiento de las cuentas públicas contrasta con la parálisis de la agenda legislativa de fondo. El Ejecutivo ha tenido que reconocer que el megapaquete de 90 proyectos —que incluye desde cambios en el régimen de hidrocarburos hasta la reforma de la justicia— no tiene el camino despejado en un Congreso que ya le frenó la eliminación de las PASO.
La estrategia oficial ahora consiste en fragmentar las reformas para intentar aprobarlas por goteo. La prioridad absoluta se ha desplazado hacia la «Ley Hojarasca» y la reforma laboral, herramientas que el equipo económico considera vitales para que la industria y la construcción logren rebotar tras el desplome del primer bimestre. Para Milei, la demora legislativa es vista como una «resistencia de la casta» a perder privilegios, pero para los bloques dialoguistas es una consecuencia lógica de la falta de diálogo técnico sobre leyes que afectan intereses provinciales y económicos profundos.
Hacia adelante, el Gobierno enfrenta un mayo decisivo. Con la Marcha Federal Universitaria el día 12 y la presión de la CGT el 30 de abril, el oficialismo necesita mostrar resultados concretos en la gestión para evitar que el malestar social por la caída del consumo gane la calle. El desafío para el Ejecutivo será demostrar que el recorte de ministerios no es solo un gesto simbólico de austeridad, sino el primer paso hacia una reactivación real que todavía no se percibe en la actividad minorista ni en el bolsillo de la clase media en CABA y el resto del país.
