El Gobierno y representantes de la cadena agroindustrial mantienen reuniones clave para renovar una normativa que tiene más de 50 años. El eje del debate es el pago por el uso de tecnología y el derecho de «uso propio» de los productores, un conflicto histórico que frena la llegada de inversiones en biotecnología al país.
La necesidad de una nueva Ley de Semillas volvió al centro de la agenda pública tras décadas de parálisis legislativa. La actual normativa, vigente desde 1973, es considerada obsoleta por las empresas desarrolladoras de genética, quienes sostienen que no garantiza el cobro de regalías por la innovación biotecnológica aplicada a los granos. El objetivo del oficialismo es alcanzar un consenso que equilibre el reconocimiento a los derechos de propiedad intelectual de los obtentores con los intereses de los productores, especialmente de los pequeños y medianos, quienes defienden la gratuidad del resembrado de su propia cosecha.
El nudo del conflicto radica en el control del «uso propio oneroso». Mientras que las compañías semilleras exigen un sistema que obligue al pago de un canon por cada ciclo productivo en el que se utilice su tecnología, las entidades rurales advierten sobre el riesgo de una concentración del mercado y un aumento desmedido en los costos de producción. Las negociaciones actuales buscan establecer excepciones claras para los agricultores familiares y mecanismos de fiscalización más eficientes que eviten el mercado negro de semillas, conocido como «bolsa blanca», que perjudica la recaudación y la calidad sanitaria de los cultivos.
De lograrse un acuerdo, el impacto en el campo argentino sería significativo: permitiría el ingreso de variedades de soja y maíz de última generación que ya se utilizan en países competidores como Brasil y Estados Unidos. Para el Gobierno, destrabar esta ley es fundamental para aumentar la productividad por hectárea y, en consecuencia, la recaudación de divisas por exportaciones. Sin embargo, el camino en el Congreso no será sencillo, ya que requiere de un fino equilibrio político para evitar que el debate se transforme en una nueva disputa de poder entre la industria y los productores primarios.
