La conducción nacional de la central obrera decidió moderar sus medidas de fuerza para mantener abierto el canal de diálogo con el Gobierno nacional por la reforma laboral. Sin embargo, los gremios del transporte ratificaron su propia jornada de protesta, lo que afectará la logística y la movilidad en todo el país.
En un giro estratégico, la cúpula de la CGT optó por reducir la intensidad de sus movilizaciones previstas frente al Congreso, interpretado como una señal de voluntad para negociar los puntos más sensibles de la reforma laboral. Esta decisión de los sectores moderados de la central busca preservar el diálogo con la mesa política de la Casa Rosada y los gobernadores territoriales, intentando influir en la reglamentación final de la ley. Sin embargo, este gesto no fue suficiente para unificar la postura sindical, dejando en evidencia una fractura interna frente a la velocidad de los cambios propuestos por el Ejecutivo para este ciclo 2026.
Pese a la cautela de la conducción cegetista, las federaciones que agrupan al transporte de carga y pasajeros confirmaron que llevarán adelante un paro de actividades. Los referentes del sector argumentan que la modernización del régimen laboral, tal como está planteada, impacta directamente en sus convenios colectivos específicos y en los fondos de sus obras sociales. Esta medida de fuerza representa un desafío logístico para el Gobierno nacional, ya que afectará el traslado de mercaderías desde el interior hacia los puertos y el movimiento diario en los grandes centros urbanos, justo cuando el oficialismo busca mostrar una imagen de orden y normalidad institucional.
Desde el Ministerio de Seguridad ratificaron que, ante el anuncio del paro de transporte, se aplicará de manera estricta el protocolo de orden público para evitar bloqueos en las terminales y principales rutas de acceso. Mientras tanto, en los despachos oficiales se analiza con optimismo el «gesto» de la CGT, considerándolo una validación de la estrategia de negociación por carriles separados. El Gobierno confía en que, al aislar a los sectores más combativos del transporte, podrá avanzar con la sanción definitiva de la ley en el Senado, consolidando el programa de reformas estructurales antes de la apertura de las sesiones ordinarias en marzo.
