El Gobierno nacional enfrenta una semana crítica marcada por la judicialización de la reforma laboral, el malestar de la Unión Industrial Argentina (UIA) ante la apertura económica y una reconfiguración de gabinete en el área judicial. Estos focos de conflicto ponen a prueba la capacidad de negociación de la Casa Rosada.
La recientemente promulgada Ley de Modernización Laboral ha encontrado su primer gran obstáculo en los tribunales. La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una presentación ante la Justicia para frenar la aplicación de artículos clave, como el nuevo sistema de indemnizaciones y la eliminación de sanciones a empleadores. La central obrera argumenta que la norma vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales, iniciando un escenario de litigiosidad que el oficialismo buscaba evitar. Mientras tanto, desde el Gobierno nacional confían en que el «blindaje jurídico» de la reglamentación sea suficiente para sostener la vigencia de la ley en las provincias territoriales durante este ciclo 2026.
En el frente económico, la tensión con el sector industrial ha escalado tras las advertencias de la UIA sobre el impacto de la apertura comercial y la caída de la producción. Los empresarios reclaman un período de transición y una baja de la carga impositiva para poder competir con los bienes importados, señalando que la combinación de altos costos operativos y la apertura irrestricta pone en riesgo miles de puestos de trabajo en el interior del país. Por su parte, el Ejecutivo ratifica el rumbo de la desregulación y los acuerdos con la Unión Europea, sosteniendo que la eficiencia y la competencia son los únicos motores válidos para la reactivación económica genuina y la atracción de capitales.
A estas disputas externas se suma una reconfiguración interna en el área de Justicia, marcada por la salida de Mariano Cúneo Libarona y la asunción de nuevos funcionarios en cargos estratégicos. Aunque el exministro negó la existencia de internas, su partida dejó al descubierto las dificultades para avanzar con las reformas judiciales que el oficialismo considera pendientes. La designación de nuevas autoridades busca unificar criterios en la interlocución con el Poder Judicial y asegurar que las políticas de seguridad y transparencia electoral tengan el respaldo jurídico necesario. Este reordenamiento es visto como un paso clave para llegar al segundo trimestre del año con un equipo cohesionado frente a la creciente judicialización de la agenda gubernamental.
