A través del Decreto 219/2026, el Ejecutivo autorizó adelantos financieros por hasta $400.000 millones para 12 distritos. La medida busca aliviar las arcas provinciales ante la caída de la recaudación y asegurar el acompañamiento de los gobernadores a la nueva ley de modernización laboral y otras reformas estructurales.
La Casa Rosada decidió abrir la billetera para garantizar la gobernabilidad de su segundo trimestre. El nuevo esquema de asistencia financiera beneficia a provincias como Mendoza, Corrientes, Chubut y Salta, permitiéndoles recibir fondos anticipados que deberán devolver durante el mismo ejercicio fiscal con una tasa del 15%. Para el Ministerio de Economía, este mecanismo es «quirúrgico»: no implica emitir moneda ni romper el déficit cero, ya que se trata de un préstamo sobre recursos que las provincias ya tienen asignados por coparticipación, pero que necesitan recibir antes para evitar el endeudamiento en el mercado abierto.
Este movimiento se da en un momento crítico para la relación Nación-Provincias. Con la actividad económica en baja y la recaudación tributaria golpeada por la recesión, muchos gobernadores enfrentan dificultades para pagar salarios y mantener servicios básicos. Al otorgar este aire financiero, el Gobierno nacional desactiva posibles focos de conflicto y, al mismo tiempo, reactiva las mesas de negociación en Diputados y el Senado. La prioridad oficial es clara: consolidar el apoyo para la reforma laboral y la baja en la edad de imputabilidad, dos proyectos que el Presidente considera fundamentales para su plan de largo plazo.
En la City y en el FMI, la medida fue leída como un paso hacia la «madurez política» de la gestión de Milei. Al utilizar herramientas financieras habituales para aceitar el vínculo con los aliados (y algunos opositores dialoguistas), el Ejecutivo reduce la incertidumbre política que suele disparar el riesgo país. Mientras los fondos empiezan a llegar a las tesorerías provinciales, el oficialismo apura la conformación de comisiones en el Congreso, confiando en que este alivio fiscal se traduzca en una mayoría legislativa que le permita cerrar el primer semestre con sus leyes principales aprobadas.
