Tras los recientes triunfos en el Congreso, el Gobierno busca dictaminar el proyecto de Federico Sturzenegger la próxima semana. La iniciativa propone la derogación de más de 70 leyes consideradas obsoletas o que entorpecen la actividad económica, en un nuevo paso hacia la desregulación total del Estado.
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados recibió instrucciones precisas de la Casa Rosada: mantener la intensidad del trabajo en comisiones para que la «Ley Hojarasca» llegue al recinto antes de que termine abril. El proyecto, diseñado por el Ministerio de Desregulación, apunta a limpiar el ordenamiento jurídico de normativas que, según el Ejecutivo, representan «trabas burocráticas del siglo pasado». Con esta celeridad, Javier Milei busca demostrar que su gestión mantiene la iniciativa política y que el respaldo obtenido de los gobernadores —mediante el reciente adelanto de fondos de coparticipación— se traducirá en votos concretos para profundizar el ajuste estructural.
La estrategia del Gobierno es presentar esta reforma como un complemento necesario de la modernización laboral y el superávit fiscal. Al eliminar organismos duplicados y leyes que generan costos innecesarios para el sector privado, el oficialismo espera mejorar la competitividad de las pymes, las cuales han sufrido una caída del 6,2% en sus ventas durante febrero. Para el equipo económico, la desregulación es la herramienta clave para que la baja del riesgo país (que hoy se sitúa en 550 puntos) se convierta en una inversión real que logre reactivar la industria nacional, golpeada por la recesión del primer bimestre.
Sin embargo, el camino hacia la sanción no estará exento de debate. Mientras el Gobierno confía en los acuerdos alcanzados con los sectores dialoguistas, la oposición y los gremios estatales ya advirtieron que la eliminación de ciertos marcos regulatorios podría afectar derechos adquiridos y controles ambientales. El test para el oficialismo será lograr la aprobación antes de la gran movilización del 30 de abril, buscando cerrar el mes con una victoria legislativa que ratifique el rumbo económico ante el FMI y los mercados internacionales, justo cuando el consumo minorista empieza a mostrar sus primeras señales de estabilización.
