Tras las medidas de fuerza que afectaron el servicio de trenes y colectivos, el Gobierno nacional inició sumarios administrativos contra la UTA y La Fraternidad. La Secretaría de Trabajo busca aplicar multas millonarias y advierte sobre la posible quita de la personería gremial.
En una respuesta directa a los paros sorpresivos que paralizaron el transporte en el Área Metropolitana y diversos puntos de las provincias territoriales, el Gobierno nacional instruyó a la Secretaría de Trabajo para iniciar procesos sancionatorios contra los sindicatos liderados por Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). Desde la Casa Rosada sostienen que los gremios desoyeron la conciliación obligatoria dictada en el marco de las negociaciones paritarias, afectando el derecho a la libre circulación de millones de ciudadanos. Para la administración central, este accionar representa una «falta grave» que no será pasada por alto en el nuevo contexto de ordenamiento institucional de este 2026.
Las sanciones que evalúa el Ejecutivo incluyen multas que podrían alcanzar cifras récords, calculadas sobre la base del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado por la medida de fuerza. Además, la mesa política oficialista analiza elevar el conflicto al plano judicial para solicitar la suspensión de la personería gremial de aquellas organizaciones que reincidan en prácticas de «boicot» a los servicios esenciales. Esta dureza estatal busca sentar un precedente frente a la esperada conflictividad sindical que rodea la implementación de la modernización laboral, ratificando que no se tolerarán bloqueos ni paros fuera de los marcos normativos vigentes.
Por su parte, los gremios del transporte sostienen que las medidas de fuerza fueron una respuesta legítima ante la falta de una oferta salarial que compense la inflación y el impacto de los cambios en los regímenes de subsidios. Sin embargo, el Gobierno nacional ratificó que las negociaciones deben darse con los servicios funcionando y dentro de la ley. Con este frente de conflicto abierto, el oficialismo busca enviar un mensaje de firmeza a todos los sectores que pretendan condicionar la agenda de reformas estructurales a través de la paralización de la actividad económica, apostando a que el rigor legal funcione como un disuasivo para futuras acciones gremiales en el resto del año.
