domingo 3 mayo 2026

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Crisis en las calles: fuerte cruce entre CABA y Provincia por la asistencia a personas sin techo

Jorge Macri le reclamó a Axel Kicillof una deuda de $27.000 millones por la atención de bonaerenses en paradores porteños. El conflicto expone la falta de coordinación ante el aumento de la indigencia, mientras el Gobierno nacional mantiene su política de no intervención directa en la materia.

La problemática de las personas en situación de calle desató un nuevo round político en el Área Metropolitana. El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intimó formalmente a la administración de Axel Kicillof para que se haga cargo de los costos de asistencia de más de 2.300 personas que, teniendo domicilio en la provincia de Buenos Aires, pernoctan y reciben alimento en los Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad. Según los datos de CABA, la población en calle aumentó un 27% en el último año, y la Ciudad sostiene que el «desgobierno» bonaerense está obligando a los porteños a financiar una asistencia que legalmente corresponde a la Provincia.

Desde el entorno de Kicillof tildaron el reclamo de «cínico» y devolvieron la pelota al Gobierno nacional. Para los funcionarios bonaerenses, el verdadero origen del problema es el plan económico de Javier Milei, que al retirar el apoyo alimentario a comedores y desarticular programas nacionales, ha empujado a miles de familias a la indigencia. En este sentido, la Provincia sostiene que CABA —al ser el centro de mayor actividad— naturalmente atrae a personas de todo el país, pero que la solución no es un pase de facturas entre distritos, sino un cambio en la política macroeconómica que hoy golpea los ingresos de los sectores más vulnerables.

El conflicto se da bajo el nuevo marco legal impuesto por el Decreto 373/2025 del Ejecutivo nacional, que transfirió la responsabilidad de la asistencia social de Nación a las provincias. Mientras el Ministerio de Capital Humano sostiene que hay menos de 10.000 personas en calle en todo el país (una cifra muy cuestionada por las organizaciones), la disputa por los $27.000 millones deja en claro que la «frazada corta» del presupuesto ya no alcanza para cubrir la emergencia. Con la marcha del 30 de abril en el horizonte, este cruce refuerza el clima de confrontación política justo cuando la crisis social empieza a desbordar los límites jurisdiccionales.

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