La iniciativa de la Casa Rosada incluye la cancelación de deudas con las distribuidoras eléctricas, un paso indispensable para que salgan a buscar financiamiento externo.
El Poder Ejecutivo apura las negociaciones en el Congreso para lograr el tratamiento y aprobación de una normativa crucial para el ecosistema energético del país. El proyecto impulsado por el Gobierno contiene un capítulo clave enfocado en regularizar y cancelar las obligaciones pendientes con las compañías distribuidoras de energía eléctrica, resolviendo litigios acumulados y otorgando un marco de previsibilidad financiera al sector.
La pronta sanción del texto es esperada con expectativa por las firmas del rubro, que supeditan la búsqueda de fondeo internacional y el desembolso de nuevos capitales a la resolución de este esquema regulatorio. La estrategia oficial apunta a que las empresas desistan de las demandas contra el Estado a cambio del ordenamiento de sus balances, lo que les permitiría sanear su estructura patrimonial y encarar obras de infraestructura prioritarias sin costo fiscal adicional.
En este escenario, desde el oficialismo intensificaron las conversaciones con mandatarios provinciales y bloques legislativos para acelerar los tiempos parlamentarios. El impulso político busca coordinar agendas con las provincias e incentivar proyectos de expansión en transporte y distribución eléctrica que consoliden el abastecimiento a nivel nacional y acompañen la creciente demanda industrial y residencial.
