En una medida que busca frenar la escalada del conflicto educativo, el Ministerio de Capital Humano oficializó una actualización de las partidas para las casas de altos estudios. El refuerzo se enfocará en gastos de funcionamiento y salarios, mientras el Ejecutivo exige auditorías externas para transparentar el uso de los fondos públicos.
El conflicto universitario parece haber encontrado una vía de distensión económica. El Gobierno anunció una actualización de las partidas presupuestarias que eleva el monto total a $2,5 billones, una cifra que apunta a cubrir el desfasaje generado por la inflación en los gastos de mantenimiento y servicios de las facultades. Para la Casa Rosada, esta decisión no es un «paso atrás», sino una readecuación técnica permitida por el superávit fiscal alcanzado en el primer trimestre. La prioridad oficial es evitar que el malestar universitario se convierta en el combustible principal de la movilización masiva anunciada para el 30 de abril.
Sin embargo, el desembolso viene con condiciones. El Ejecutivo ratificó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán intensificar los controles sobre cómo se ejecutan esos recursos. En sintonía con la «Ley Hojarasca» y la política de desregulación de Federico Sturzenegger, el Gobierno sostiene que el aumento de fondos debe ir acompañado de una mayor eficiencia administrativa, eliminando gastos que considera «ajenos a la formación académica» o vinculados a estructuras políticas.
Este movimiento ocurre en un contexto donde el riesgo país se mantiene estable en 550 puntos y el consumo minorista intenta estabilizarse tras un inicio de año recesivo. Al otorgar este alivio financiero, el oficialismo busca separar el reclamo legítimo de los estudiantes de la agenda política de las organizaciones sociales y gremiales. Con las cuentas ordenadas y los adelantos de fondos a las provincias ya liquidados, el Gobierno apuesta a llegar a mayo con un frente educativo más calmo, permitiendo que la discusión pública vuelva a centrarse en la reforma laboral y la reactivación de la industria.
