El plan oficial fija un tope de tasa de UVA + 7,5% financiado vía FGS para presionar a la baja el costo de los préstamos en el sistema bancario.
La brecha entre la oferta de créditos hipotecarios de la banca privada y el nuevo programa impulsado por el Poder Ejecutivo evidencia realidades heterogéneas en el mercado. Mientras entidades como el Banco Nación sostienen tasas competitivas en el orden de UVA + 6,7% y el Banco Ciudad relanzó sus líneas con mayor financiamiento a 25 años, otras instituciones privadas aplican spreads sustancialmente más elevados —con casos intermedios de UVA + 9,5% (Hipotecario, Galicia, Comafi) y picos de hasta UVA + 15% (Santander)—, lo que duplica el valor del ingreso familiar necesario para calificar.
Ante este escenario, la iniciativa gubernamental fondeada con $2 billones provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) impone un techo regulado de UVA + 7,5% y plazos mínimos de 15 años. Para un préstamo promedio de USD 80.000 (equivalente a $120,9 millones) a 25 años, el esquema oficial proyecta una cuota inicial de $865.098 y exige ingresos netos por $3,46 millones. En contraste, solicitar el mismo monto bajo las tasas más altas del mercado privado actual implica afrontar cuotas iniciales de hasta $1,57 millones, requiriendo acreditaciones salariales superiores a los $6 millones.
El mecanismo de subasta de plazos fijos a largo plazo busca resolver el histórico descalce de fondeo que sufren los bancos, inyectando liquidez a cambio de que apliquen la regulación de tasas del FGS en un plazo no mayor a 90 días. Desde el equipo económico confían en que este volumen de recursos obligará a las entidades privadas a converger sus márgenes hacia el techo del 7,5%, dinamizando una operatoria que durante el año registró una contracción cercana al 39% respecto al período previo.
