La resolución afecta tanto a turistas como a inmigrantes con radicación precaria en trámite, abarcando desde consultas programadas hasta emergencias.
El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó una normativa que pone fin al acceso gratuito a los establecimientos sanitarios públicos para aquellos extranjeros que no dispongan de una residencia permanente concedida. La medida alcanza no solo a los visitantes temporales, sino también a quienes cuentan con documentación precaria y se encuentran en pleno proceso de regularización migratoria, rompiendo con el principio histórico de gratuidad universal en la atención estatal.
Especialistas en derecho migratorio señalaron que la disposición colisiona con el espíritu de la Ley 25.871, la cual contempla un periodo de al menos dos años de permanencia para que un extranjero pueda tramitar la radicación definitiva. Durante ese lapso intermedio, los residentes precarios realizan aportes tributarios y consumen dentro del mercado local, por lo que diversos sectores consideran que arancelar prestaciones médicas esenciales y urgencias sienta un precedente restrictivo sobre los derechos básicos de la población migrante.
Desde la administración central sostienen que la determinación busca transparentar los costos operativos del sistema sanitario, responder a demandas de reciprocidad con países limítrofes y alinearse con distritos como Salta, que ya implementaron cobros preventivos. Mientras la efectividad económica de la medida permanece en debate por la falta de estadísticas consolidadas sobre el uso del sistema por parte de no residentes, la normativa ya genera discusión política sobre la necesidad de tratar estos cambios estructurales en el Congreso Nacional.
