Mediante un decreto oficial, el Poder Ejecutivo nacional puso en marcha el proceso de concesión integral de la principal ruta fluvial de exportación del país. El Palacio de Hacienda asegura que la desregulación y la inversión privada mejorarán la competitividad del comercio exterior.
El plan de reformas estructurales y privatizaciones que impulsa el Gobierno de Javier Milei sumó un hito estratégico de enorme impacto para la economía real y el sector agroexportador argentino. A través de una publicación oficial en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó el llamado a licitación pública internacional para transferir la gestión, el dragado, el balizamiento y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, conocida históricamente como la Hidrovía Paraná-Paraguay, a manos de operadores privados.
Desde el equipo económico argumentaron que este esquema de concesión a largo plazo corregirá las asimetrías y los sobrecostos que afectaban la salida de la producción nacional hacia los mercados internacionales. Según las proyecciones técnicas presentadas por la Secretaría de Transporte, la modernización de la infraestructura fluvial y la eliminación de trabas burocráticas estatales generarán, de manera directa, una reducción estimada del 13% en los costos logísticos globales, beneficiando de forma inmediata la competitividad de los puertos del Gran Rosario y las terminales fluviales del litoral.
La privatización de la hidrovía, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones de granos y subproductos de la Argentina, reaviva un debate central respecto al control soberano de los recursos y la fiscalización del comercio exterior. Mientras que las principales cámaras del sector agropecuario y los operadores portuarios celebraron la medida como un avance necesario para potenciar las inversiones, sectores de la oposición, sindicatos navales y organizaciones ambientales ya expresaron sus reparos en torno al pliego de condiciones, las tarifas de los peajes y el impacto en los ecosistemas fluviales de la región.
