La iniciativa ingresó formalmente al Senado con el objetivo de captar desembolsos a gran escala en tecnologías e industrias que hoy no existen en el país. El esquema otorga un plazo de cinco años para postular proyectos y profundiza fuertemente los beneficios fiscales del régimen actual.
El Poder Ejecutivo nacional dio un paso clave en su estrategia económica al enviar al Congreso el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, bautizado formalmente como «Súper-RIGI». La iniciativa, que ingresó a través de la Cámara de Senadores, fue diseñada por el Palacio de Hacienda como una herramienta jurídica superadora del esquema vigente para atraer capitales globales de gran magnitud. En los fundamentos del texto, la gestión de Javier Milei justificó la necesidad de este nuevo marco normativo al señalar que está orientado con exclusividad a actividades económicas innovadoras y de alto componente tecnológico que actualmente no cuentan con desarrollo dentro del territorio nacional.
El articulado del proyecto establece un piso mínimo de inversión sumamente exigente, fijado en los US$1.000 millones por cada iniciativa que se postule a través de los denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU). Para garantizar la veracidad y la ejecución efectiva de los desembolsos, el Gobierno incluyó una cláusula obligatoria que exige a las empresas corporativas ejecutar al menos el 20% de ese monto total durante los primeros dos años contados a partir de la fecha de aprobación y adhesión al régimen. Asimismo, las compañías interesadas dispondrán de un plazo neto de cinco años desde la reglamentación oficial de la ley para presentar formalmente sus carpetas técnicas, contemplándose la opción de una prórroga extraordinaria por un año adicional.
Entre los principales atractivos económicos, el plan oficialista propone una drástica reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, la cual descenderá del 25% contemplado en el sistema anterior a una tasa fija del 15% para los nuevos desarrollos. El esquema de incentivos se complementa con un mecanismo de amortización acelerada de inversiones del 60% durante el primer ejercicio fiscal, aranceles cero para la exportación de productos desde el inicio de la actividad y la exención total de gravámenes de importación para todos los insumos directamente vinculados a la cadena productiva. De esta manera, el oficialismo busca posicionar a la Argentina en el radar de los fondos internacionales de inversión enfocados en sectores de frontera como la inteligencia artificial, el hidrógeno verde y la electromovilidad.
