Tras la multitudinaria movilización federal en defensa de la educación pública, el Poder Ejecutivo mantiene una postura de firmeza y desestima que el conflicto tenga un costo político real. Según el análisis que hacen en el entorno presidencial, la marcha estuvo «partidizada» y no representa un quiebre en la relación con su núcleo duro de votantes.
En los despachos oficiales sostienen que, si bien el humor social refleja el impacto del ajuste, la opinión pública sigue priorizando la lucha contra la inflación y el equilibrio fiscal por encima de los reclamos sectoriales. Para el Gobierno, la presencia de figuras de la oposición y de sectores sindicales en la marcha le permitió «diluir» el reclamo genuino de los estudiantes, transformándolo, bajo su óptica, en una demostración de fuerza del «viejo sistema». Por esta razón, consideran que su base de apoyo entiende la necesidad de auditar los fondos universitarios como parte del plan general de transparencia estatal.
Pese a este diagnóstico de optimismo, los estrategas de comunicación de Balcarce 50 monitorean de cerca los datos de las últimas encuestas, que muestran una erosión lenta pero constante en la imagen positiva de la gestión. Sin embargo, la orden interna es no ceder ante la presión de las calles: el Gobierno insiste en que las universidades deben ser auditadas y que cualquier aumento presupuestario estará estrictamente atado a la disponibilidad de recursos, sin poner en riesgo el superávit fiscal.
El plan para los próximos días consiste en enfriar el conflicto a través de la reunión técnica ya anunciada, pero sin abandonar el discurso de confrontación contra lo que denominan la «casta universitaria». Para el oficialismo, el verdadero termómetro no fue la cantidad de gente en Plaza de Mayo, sino la reacción en las redes sociales y la estabilidad de los indicadores económicos, que para ellos siguen siendo los únicos pilares que sostienen la gobernabilidad a largo plazo.
