A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se puso en marcha el nuevo esquema de incentivos fiscales para las empresas. La medida establece una reducción drástica en las cargas patronales por tiempo determinado para quienes incrementen su nómina salarial.
El Gobierno nacional formalizó la reglamentación de uno de los puntos más esperados de la reforma laboral: el beneficio en los aportes patronales para las nuevas contrataciones. El esquema contempla una reducción del 50% en las contribuciones de seguridad social durante el primer año de vigencia del contrato, cifra que se irá ajustando de forma gradual hasta normalizarse. El objetivo central es perforar el estancamiento del empleo privado y fomentar la formalización de trabajadores que hoy se encuentran bajo esquemas de contratación informales o de «monotributo encubierto».
Para acceder a este beneficio, las empresas deberán demostrar que la incorporación de personal representa un incremento neto en su plantilla respecto a un período base fijado por la norma. El decreto también especifica que el alivio fiscal se aplicará sobre las contribuciones destinadas al sistema previsional y las asignaciones familiares, aunque no afectará los aportes destinados a la obra social ni a la cuota del seguro de accidentes de trabajo (ART). Esta diferenciación busca garantizar la sostenibilidad del sistema de salud privado mientras se reduce el costo laboral directo para el empleador.
Desde la Secretaría de Trabajo destacaron que esta reglamentación es una pieza clave para «dinamizar el mercado» en un contexto de lenta recuperación económica. Por su parte, sectores pyme celebraron la medida, aunque advirtieron que la eficacia del plan dependerá de que la actividad económica general empiece a mostrar signos de crecimiento sostenido. Con la norma ya vigente, el Ejecutivo espera que las empresas comiencen a aplicar estos beneficios de manera inmediata, intentando revertir la tendencia de caída en el empleo registrado observada en los últimos semestres.
