En un movimiento estratégico que favorece los planes del Gobierno, la Justicia determinó que la validez del capítulo laboral del DNU deje de tratarse en los tribunales del Trabajo. Al trasladar el expediente al fuero Contencioso Administrativo Federal, el oficialismo gana terreno en una instancia técnica que suele ser menos hostil a las medidas de desregulación estatal.
El Gobierno se anotó un gol clave en la batalla por la reforma laboral. Después de semanas de idas y vueltas, la Cámara Federal decidió que la demanda de la CGT ya no se va a discutir en el fuero Laboral (donde los gremios suelen jugar de locales), sino en el Contencioso Administrativo. Para el equipo de Milei, esto es una victoria táctica: el nuevo escenario judicial es más técnico y menos propenso a frenar las leyes del Estado de entrada, lo que les da más aire para avanzar con los cambios.
El centro de la movida fue definir quién tiene la posta para decidir sobre la constitucionalidad de la ley. Mientras que los sindicatos querían que lo viera un juez del trabajo, los camaristas Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy consideraron que, como se está cuestionando al Estado como legislador y se habla de la Constitución, el tema es competencia federal. Básicamente, le quitaron la pelota a la justicia laboral argumentando que el conflicto no es un simple lío entre jefe y empleado, sino una discusión de leyes nacionales.
Con este cambio de «tribuna», la situación se le pone cuesta arriba a la CGT. El Gobierno ahora va a atacar la legitimidad de la central obrera, cuestionando si realmente pueden representar a todos los trabajadores en una demanda colectiva sin demostrar un daño directo. Mientras tanto, en la calle el clima sigue picante con movilizaciones al Congreso, pero en los papeles, el Ejecutivo logró llevar la discusión a un terreno donde se siente mucho más cómodo y seguro de ganar.
