Tras el anuncio de Javier Milei, el Ejecutivo formalizó el envío de una ley de 78 artículos que busca transformar el sistema político. La iniciativa prohíbe candidaturas de condenados por corrupción, elimina las internas obligatorias y endurece los requisitos para que los partidos mantengan su personería jurídica.
La Casa Rosada decidió que el mejor momento para avanzar era «ahora o nunca». A pesar de la resistencia del peronismo y las dudas de algunos aliados, el proyecto ingresó por la Cámara Alta con tres ejes centrales: la eliminación definitiva de las PASO (a las que el Presidente califica como un «gasto inútil de la casta»), la implementación de la Ficha Limpia para impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia sean candidatos, y un fuerte cambio en el financiamiento de los partidos. Con esta jugada, el Gobierno busca retomar la iniciativa política y desplazar del centro de la escena el «Adornigate», apostando a una agenda que toca fibras sensibles de la opinión pública.
La «mesa política» del oficialismo, integrada por figuras clave del Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete, sabe que el camino en el Senado será cuesta arriba. Sin embargo, confían en que la presión social por la transparencia y el ahorro fiscal (en un contexto donde el riesgo país se mantiene en 550 puntos pero la industria sigue golpeada) obligará a los bloques dialoguistas a sentarse a negociar. El proyecto también incluye un ultimátum: los partidos políticos tendrán hasta junio de 2027 para adecuarse a los nuevos estándares de afiliación (0,5% del padrón), lo que en la práctica amenaza con hacer desaparecer a decenas de fuerzas menores que hoy funcionan como «sellos de goma».
Hacia adelante, el éxito de la reforma dependerá de la muñeca política para convencer a los gobernadores del centro del país. Mientras la oposición se abroquela para defender las PASO como su método de ordenamiento interno, el Gobierno juega la carta de la Boleta Única de Papel (BUP) y la modernización tecnológica como incentivo. El objetivo es claro: llegar a la movilización del 30 de abril con un dictamen de comisión que demuestre que, pese a la recesión que el propio Milei admitió, el programa de «desguace» de las viejas estructuras políticas avanza sin pausa.
