Tras el recurso presentado por el Gobierno ante la Corte Suprema para frenar la Ley de Financiamiento, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una nueva movilización masiva. El conflicto se profundiza mientras el oficialismo reconoce en el Congreso que no tiene los votos para modificar la ley y busca un pacto de último momento con los bloques aliados.
El conflicto universitario ha entrado en una fase de «guerra total». A pesar del reciente anuncio oficial de un refuerzo presupuestario, los rectores y gremios docentes consideran que la jugada del Ejecutivo de acudir a la Corte Suprema para suspender la ley es una muestra de «mala fe» que busca dilatar la recomposición salarial y científica. Por ello, el CIN confirmó que el próximo 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, buscando repetir la masividad de 2024 y 2025. Los académicos sostienen que, sin la plena vigencia de la ley, la educación pública queda sujeta a la discrecionalidad del superávit fiscal, el cual hoy prioriza el pago de intereses de deuda y el mantenimiento del riesgo país en 550 puntos por sobre la inversión en conocimiento.
En los pasillos de la Casa Rosada, el clima es de preocupación. En las últimas horas, el Gobierno admitió que carece de las mayorías legislativas necesarias para reformar la Ley de Financiamiento Universitario y adaptarla a su estricto corsé fiscal. Esta debilidad parlamentaria, sumada a los recientes fallos de la Cámara Contencioso Administrativo que ordenan cumplir con la norma, ha dejado al oficialismo en un callejón sin salida: o cede ante el reclamo universitario comprometiendo el déficit cero, o enfrenta un costo político altísimo en las calles. La estrategia de Federico Sturzenegger de aplicar auditorías externas tampoco ha servido para calmar los ánimos, ya que desde el sector académico lo ven como una maniobra de distracción para no discutir el atraso real de los haberes.
Hacia adelante, el calendario de protestas acorrala la agenda de reformas. La marcha universitaria del 12 de mayo se suma a la movilización de la CGT y las organizaciones sociales prevista para el próximo 30 de abril. Para Javier Milei, este escenario representa un test de resistencia para su modelo de desregulación. Con la industria y el consumo minorista aún en terreno negativo, el Gobierno necesita evitar que la «mística» universitaria logre aglutinar a todos los sectores descontentos con el ajuste. La batalla por el financiamiento ya no es solo una cuestión de números, sino el eje de una disputa simbólica sobre el rol del Estado que marcará el pulso de la gobernabilidad en el segundo trimestre de 2026.
