A través de la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario contra la normativa que garantiza los fondos para las casas de altos estudios. Para la Casa Rosada, la ley es inconstitucional porque no especifica de dónde saldrán los recursos y atenta contra la meta irrenunciable del déficit cero.
La tregua entre el Gobierno y el sector universitario duró poco. Apenas horas después de anunciar la actualización de partidas por $2,5 billones, el equipo legal de Javier Milei activó un pedido ante el máximo tribunal para suspender la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. El argumento central es que cualquier normativa que implique un aumento del gasto público sin indicar su fuente de financiamiento es «técnicamente inviable» y vulnera las facultades del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto nacional. Esta jugada busca evitar que la justicia de instancias inferiores siga dictando amparos que obliguen al Tesoro a girar fondos de manera automática.
Este endurecimiento judicial ocurre en un momento de «estabilidad tensa» para la macroeconomía. Con el riesgo país consolidado en los 550 puntos y una inflación que, según el propio Presidente, ya muestra señales de domarse en el rubro mayorista, el Gobierno considera fundamental no permitir ninguna «fisura» en su plan de ajuste. Para el Ejecutivo, aceptar la ley tal como está redactada significaría un retroceso en la política de superávit que ha permitido estabilizar el dólar y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Al igual que con la reforma de la Ley de Glaciares, la administración Milei apuesta a que sea el orden legal el que se adapte a su programa económico y no al revés.
Hacia adelante, la decisión de la Corte Suprema será determinante para el clima social del próximo 30 de abril. Las organizaciones estudiantiles y docentes han interpretado este recurso judicial como una «provocación» que busca dilatar las soluciones de fondo mediante la burocracia judicial. Mientras el Gobierno confía en que la Boleta Única y la «Ley Hojarasca» mantengan la iniciativa política en el Congreso, este nuevo frente en los tribunales amenaza con recalentar la calle justo antes de mayo, poniendo a prueba la capacidad de la Casa Rosada para gestionar el conflicto educativo sin romper su disciplina fiscal.
