Bajo la consigna «La patria no se vende», los movimientos sociales ratificaron su participación en la movilización del 30 de abril. Además, anunciaron un calendario de protestas para mayo que incluye acampes y cortes de accesos, en un escenario de creciente tensión por la caída del consumo y el ajuste en la asistencia alimentaria.
La tregua entre el Gobierno y las organizaciones de base se rompió definitivamente. La UTEP, el Polo Obrero y el Movimiento Evita acordaron con la CGT una unidad de acción para la marcha de finales de mes, lo que garantiza una masividad que el Ejecutivo no había enfrentado desde el inicio de su gestión. El detonante principal es la situación en los barrios populares, donde el impacto del ajuste que el propio Javier Milei reconoció se traduce en comedores desabastecidos y una pérdida drástica del poder adquisitivo. Para los dirigentes sociales, el éxito macroeconómico del superávit y la baja del riesgo país a 550 puntos no tiene ningún reflejo en la mesa de los argentinos más vulnerables.
La respuesta del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ha sido reforzar la aplicación del protocolo antipiquetes. Sin embargo, las organizaciones redoblaron la apuesta anunciando que mayo será un mes de «lucha intensa» con planes de acampes frente al Ministerio de Capital Humano si no se restablece el envío de alimentos. Esta escalada ocurre mientras el Gobierno intenta apurar en el Congreso la reforma laboral y la «Ley Hojarasca», herramientas que el oficialismo considera clave para reactivar la industria —que cayó un 11,3%— pero que los gremios denuncian como un avance sobre los derechos de los trabajadores.
Hacia adelante, el 30 de abril se perfila como un punto de inflexión. El Gobierno apuesta a que la calma cambiaria y la Boleta Única de Papel actúen como pararrayos políticos, mientras que la oposición social busca que la calle dicte un límite a la «motosierra» estatal. Con el antecedente de los adelantos de fondos a las provincias para calmar a los gobernadores, la Casa Rosada enfrenta ahora el desafío de gestionar el malestar de los sectores que quedaron fuera de ese esquema de auxilio financiero y que ven en mayo el mes clave para forzar una mesa de negociación social.
