Con la mirada puesta en las elecciones de 2027, el Ejecutivo activó una mesa de diálogo con gobernadores aliados y bloques dialoguistas. La estrategia busca reducir los costos del sistema electoral y modernizar la votación, mientras se discute el financiamiento de los partidos en medio del ajuste estatal.
El Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete han intensificado las reuniones en Diputados para destrabar la reforma política. El objetivo primordial es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, un cambio que el oficialismo considera fundamental para garantizar la transparencia y reducir el gasto público en impresión de boletas. Para Javier Milei, esta medida no es solo una mejora técnica, sino un golpe directo a las estructuras de los partidos tradicionales, en sintonía con su discurso de desregulación y austeridad que ya ha aplicado en otros organismos públicos.
En la negociación también entró en juego la posible eliminación o modificación de las PASO. Varios gobernadores, que recientemente recibieron adelantos de coparticipación para aliviar sus tesorerías ante la caída del consumo, estarían dispuestos a acompañar la iniciativa si se les garantiza mayor autonomía en el manejo de sus calendarios electorales. El Gobierno utiliza estos fondos como una herramienta de pragmatismo político: el superávit fiscal y el bajo riesgo país (en torno a los 550 puntos) le dan el margen necesario para negociar desde una posición de fuerza, buscando cerrar el primer semestre con un sistema electoral renovado.
Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos. Sectores de la oposición y algunos aliados advierten que la eliminación de las primarias podría afectar la participación de las minorías. Además, la discusión ocurre en un clima de tensión social creciente, con las organizaciones sociales preparando la movilización del 30 de abril. Para la Casa Rosada, aprobar la reforma política antes de esa fecha sería un mensaje de robustez legislativa, demostrando que —a pesar de la recesión industrial y el impacto del ajuste que el propio Presidente reconoció— el programa de transformación estructural sigue avanzando a paso firme en el Congreso.
