Como parte del paquete de reformas enviado al Congreso, el Ejecutivo nacional propone derogar restricciones vigentes sobre la titularidad de tierras rurales. La iniciativa apunta a fomentar la inversión internacional y dar mayores garantías de seguridad jurídica a los capitales privados.
En una apuesta por la apertura económica y la atracción de divisas, el Gobierno nacional incluyó en su reciente proyecto legislativo la modificación de la Ley de Tierras. La propuesta central busca eliminar los límites actuales que restringen la superficie de territorio que puede estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. Desde la mesa política oficialista argumentan que estas barreras han funcionado como un freno al desarrollo productivo y que su remoción es clave para integrar a la Argentina en los mercados globales durante este ciclo 2026.
La reforma también contempla restricciones estrictas a la facultad del Estado para realizar expropiaciones, estableciendo procesos de compensación más rigurosos y limitando las causales de «utilidad pública». Esta medida pretende enviar una señal de previsibilidad a los socios estratégicos internacionales, asegurando que los derechos de propiedad no serán alterados por decisiones políticas discrecionales. En las provincias territoriales, especialmente aquellas con gran potencial minero y agroindustrial, la iniciativa es vista con expectativa por los sectores exportadores, aunque genera debates sobre la soberanía de los recursos naturales.
Se espera que este punto del paquete de reformas sea uno de los más discutidos en la Cámara de Diputados por parte de la oposición transversal, que ya ha manifestado su preocupación por el impacto en el control de zonas estratégicas y áreas fronterizas. Sin embargo, la administración central ratifica que la desregulación es el único camino para dinamizar el mercado inmobiliario rural y generar empleos de calidad. Con el tratamiento legislativo previsto para mayo, el oficialismo buscará consolidar un marco legal que proteja la inversión privada por encima de las intervenciones estatales, marcando un hito en la agenda de reformas estructurales del país.
