La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados e incluye modificaciones al Código Civil y Comercial. El Gobierno nacional busca dar mayores garantías jurídicas a los propietarios y agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones ilegales.
En un nuevo paso hacia la consolidación de su agenda de reformas estructurales, el Gobierno nacional remitió al Parlamento el proyecto de ley denominado «Ley de Protección y Fortalecimiento de la Propiedad Privada». La normativa propone cambios profundos en la regulación de los derechos de propiedad, con el objetivo de atraer inversiones de largo plazo y dinamizar el mercado inmobiliario. Desde la Casa Rosada sostienen que estas modificaciones son esenciales para brindar previsibilidad a los ciudadanos de todas las provincias territoriales, estableciendo límites claros a la intervención estatal y reforzando la autonomía de la voluntad en los contratos privados durante este ciclo 2026.
El cronograma diseñado por la mesa política oficialista prevé un tratamiento acelerado en las comisiones de Legislación General y Justicia, con la meta de obtener la media sanción en la Cámara de Baja antes del cierre de mayo. Para lograrlo, los operadores parlamentarios del Gobierno ya han iniciado contactos con los bloques independientes, argumentando que la defensa de la propiedad privada es un valor fundamental para la recuperación económica. El proyecto también contempla la creación de juzgados especializados que permitan resolver conflictos de tenencia de tierras de manera más eficiente, evitando las dilaciones que suelen afectar tanto a pequeños propietarios como a grandes emprendimientos productivos en el interior del país.
A pesar de la confianza del Ejecutivo, se espera una resistencia firme por parte de los bloques de la oposición transversal y diversas organizaciones sociales, quienes advierten sobre posibles vulneraciones a derechos habitacionales. Sin embargo, la administración central ratifica que el rumbo hacia una mayor seguridad jurídica es innegociable para cumplir con los estándares internacionales y fortalecer los acuerdos comerciales vigentes. Con este envío, el oficialismo busca cerrar el primer semestre del año con un triunfo legislativo que valide su programa de desregulación y envíe un mensaje contundente de estabilidad institucional a los mercados y socios estratégicos.
