A pesar de la postura cautelosa de la conducción nacional de la CGT, diversas federaciones y sindicatos anunciaron un plan de lucha para los próximos días. El rechazo a los cambios en el sistema de indemnizaciones y las pasantías laborales motoriza las protestas en los principales centros urbanos.
En un clima de creciente conflictividad social, un sector importante de los gremios ha decidido desmarcarse de la cúpula de la CGT para iniciar medidas de fuerza directas contra el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo. Las organizaciones, que incluyen a sindicatos del transporte, la educación y la salud, consideran que el nuevo marco normativo pone en riesgo la estabilidad del empleo y debilita la capacidad de negociación colectiva. Estas movilizaciones representan un desafío para el Gobierno nacional, que busca mantener el orden público mientras avanza con el tratamiento legislativo de las leyes de desregulación en el Congreso.
La estrategia de estos gremios territoriales busca presionar a los legisladores de sus respectivas provincias para que rechacen artículos específicos de la reforma. En los distritos industriales y las zonas portuarias, el anuncio de paros parciales ya ha generado preocupación por el impacto en la logística y la producción. Desde los sectores combativos sostienen que la modernización planteada por la Casa Rosada favorece desproporcionadamente a los grandes grupos económicos, afectando el poder adquisitivo y los derechos adquiridos de los trabajadores registrados en el interior del país.
Ante la inminencia de las jornadas de protesta, el Ministerio de Seguridad ratificó la vigencia del protocolo para garantizar la libre circulación, lo que anticipa un escenario de tensión en los accesos a la Capital Federal y en las plazas principales de las capitales provinciales. Mientras tanto, el Gobierno nacional continúa su ronda de negociaciones en el Parlamento, apostando a que el respaldo de los gobernadores moderados sirva para aislar a los sectores más radicales del sindicalismo. El desenlace de esta puja de fuerzas será clave para determinar el margen de gobernabilidad durante el primer trimestre de 2026 y la viabilidad de las reformas estructurales previstas.
