El Gobierno impulsó en febrero una reforma integral de la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto —que ya tenía media sanción del Senado— propone cambios en indemnizaciones, jornada laboral, licencias, modalidades de contratación y estructura sindical.
Los puntos más polémicos: la reducción de las indemnizaciones por despido, la creación de un banco de horas, cambios en el pago de vacaciones y modificaciones en el derecho a huelga.
Para el Gobierno, es una modernización necesaria para bajar costos laborales y fomentar el empleo formal. Para los sindicatos, es un retroceso de décadas de derechos adquiridos. La confrontación estaba servida.
