En un intento por consolidar la baja de la inflación, la gestión económica presiona para que los aumentos salariales no superen el 2% mensual hasta marzo. La medida genera tensión con los gremios en medio de la discusión por los cambios en la legislación de trabajo.
El Gobierno nacional ratificó su intención de establecer un esquema de «pautas sugeridas» para las negociaciones colectivas, fijando un techo del 2% mensual para los incrementos salariales durante el primer trimestre de 2026. Esta estrategia busca alinear las expectativas de costos de las empresas con la desaceleración del índice de precios al consumidor, evitando que los salarios actúen como un factor de presión inflacionaria en un momento clave para la estabilización macroeconómica.
Esta insistencia oficial se produce de forma simultánea al impulso de una ambiciosa reforma laboral que busca flexibilizar las condiciones de contratación y reducir la litigiosidad. Desde el Ministerio de Economía sostienen que la moderación salarial es una pieza necesaria para la «Fase 4» del plan económico, ya que permitiría consolidar la competitividad ganada sin recurrir a saltos devaluatorios, aunque la propuesta encuentra una fuerte resistencia en las cúpulas sindicales que reclaman por la recuperación del poder adquisitivo.
El éxito de este tope del 2% dependerá de la capacidad de negociación con los sectores más críticos y de la evolución de la canasta básica en los meses de verano. Mientras algunos sectores privados han comenzado a aceptar el lineamiento oficial a cambio de beneficios impositivos, los gremios con mayor peso en la actividad industrial advierten que no aceptarán acuerdos que queden por debajo de la inflación proyectada, lo que anticipa un marzo cargado de discusiones en la Secretaría de Trabajo.
