Las fricciones tras los recientes reveses del oficialismo en el Congreso abrieron dudas entre los aliados, mientras sectores radicales revalúan la necesidad de sostener las primarias de cara a 2027.
El plan del Poder Ejecutivo de avanzar en septiembre con la reforma electoral para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) enfrenta un escenario negociador más complejo de lo previsto. Aunque en la Casa Rosada confiaban en un trámite fluido con el respaldo del PRO y sectores del radicalismo, los mandatarios provinciales aliados comenzaron a enfriar el tratamiento parlamentario y a condicionar su apoyo a la resolución de temas clave para sus gestiones territoriales.
El freno en las negociaciones responde en parte al impacto político generado por reveses legislativos recientes como el de la Ley de Tierras, lo que desgastó el diálogo previo y despertó desconfianzas en la bancada aliada. Ante esta dinámica, referentes radicales vinculados a espacios de debate interno reflotaron la importancia de preservar las primarias para resolver liderazgos propios y competir con una propuesta de centroderecha en los próximos comicios presidenciales, en lugar de someterse al esquema de listas colectoras propuesto por el oficialismo.
Con los plazos fijados por la Justicia Electoral apremiando el calendario antes de fin de año, el Gobierno busca recomponer los puentes de diálogo mediante reuniones con gobernadores del norte y la cordillera. Sin embargo, en el Congreso advierten que la discusión se prolongará y estará atada a concesiones presupuestarias y tarifarias para las provincias, dejando en suspenso el futuro del sistema electoral.
