El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado impulsa un proyecto para quitar barreras de entrada y bajar los costos de las operaciones. La iniciativa genera una fuerte resistencia entre los colegios profesionales, que advierten sobre riesgos de fraude.
El Gobierno nacional, bajo la conducción del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se encuentra ultimando los detalles de un ambicioso proyecto de ley orientado a liberalizar por completo el mercado inmobiliario argentino. El punto más disruptivo de la reforma estructural apunta directamente a la eliminación de la matrícula obligatoria para ejercer el corretaje, una medida con la que la administración de Javier Milei busca «quitar trabas, privilegios corporativos» y abrir la competencia. Según la visión oficial, las exigencias regulatorias actuales actúan como una barrera que encarece artificialmente los costos de comercialización, afectando el valor final que pagan compradores, vendedores e inquilinos.
La ingeniería de la propuesta oficial no solo contempla el fin de la colegiación mandatoria, sino que también promueve la supresión de los aranceles mínimos obligatorios, habilitando la libre negociación de honorarios entre las partes. Asimismo, el paquete legislativo impulsa la apertura hacia las plataformas tecnológicas Proptech y nuevos modelos de intermediación digital, complementado con una digitalización total de los procesos de escrituración mediante firma digital y la simplificación de los trámites registrales. Desde el Poder Ejecutivo argumentan que el propio mercado y la libre elección de los consumidores funcionarán como los verdaderos jueces de la calidad del servicio, permitiendo una convivencia dual entre profesionales matriculados y nuevos agentes independientes.
Como era de esperarse, la iniciativa encendió las alarmas y profundizó la grieta con las entidades del sector, tales como la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y diversos colegios profesionales, quienes ya manifestaron su rotundo rechazo al proyecto que se debatirá en el Congreso. Los referentes del sector advierten que la desregulación extrema destruirá la seguridad jurídica de las operaciones de alto valor económico, fomentará la informalidad laboral y dejará desprotegida a la sociedad ante posibles estafas al no existir un organismo institucional que supervise y sancione las conductas irregulares de los operadores.
