La medida alcanzará a los empleados públicos nacionales que adhieran a la huelga del jueves 15 de octubre. Mientras tanto, la Casa Rosada busca negociar con las universidades un aumento de fondos para 2027.
El Gobierno nacional confirmó que descontará la jornada laboral a los empleados de la Administración Pública Nacional que participen del paro de 24 horas convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para este jueves 15 de octubre. La medida de fuerza incluirá una movilización al Congreso desde las 13.30, en reclamo de la derogación del DNU 70/2023.
La protesta podría afectar la atención en organismos como ANSES, PAMI, Migraciones, Senasa y dependencias vinculadas al transporte y la aviación. Desde el gremio anticiparon que se mantendrán guardias mínimas en hospitales y servicios de urgencia. El alcance de la medida dependerá de la adhesión de los trabajadores en cada organismo y jurisdicción.
La jornada coincidirá con una nueva Marcha Federal Universitaria y con un intento de sectores opositores de abrir una sesión especial en la Cámara de Diputados. En ese escenario, el Ejecutivo busca avanzar en una negociación con las universidades para reducir las diferencias sobre el financiamiento previsto en el Presupuesto 2027.
El proyecto oficial contempla alrededor de $7,5 billones para el sistema universitario, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula necesidades cercanas a los $11 billones. Aunque la Casa Rosada admite la posibilidad de incrementar las partidas, todavía no existe un acuerdo. Las conversaciones también incluyen salarios, aportes patronales y cuestiones impositivas.
El conflicto universitario mantiene además un frente judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el Gobierno sostiene que ya avanzó parcialmente en su cumplimiento, las universidades reclaman que se garanticen los recursos establecidos por la normativa.
El jueves será así una jornada de movilizaciones y negociaciones simultáneas, con el descuento salarial a los estatales que adhieran al paro y el financiamiento universitario como dos de los principales ejes del conflicto.
