El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que endurece drásticamente las sanciones económicas y penales para la explotación ilegal de recursos en las Islas.
El Poder Ejecutivo nacional remitió al Congreso el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una iniciativa integral que endurece el marco normativo sobre las Islas Malvinas y rediseña los instrumentos de seguridad en el Atlántico Sur. El texto amplía las prohibiciones a todos los recursos naturales renovables y no renovables, castigando no solo a las empresas infractoras sino también a toda su cadena logística y financiera.
El régimen punitivo prevé multas calculadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones comerciales y penas de prisión de hasta veinte años para quienes operen sin autorización argentina. Asimismo, la iniciativa incorpora herramientas de control aeroespacial, estableciendo protocolos de interceptación para aeronaves que desobedezcan las órdenes y facultando al Consejo de Seguridad Nacional ante riesgos graves.
Con esta ofensiva legislativa, la administración central busca dotar al Estado de herramientas jurídicas inéditas para blindar los recursos soberanos. El debate parlamentario promete un alto voltaje político en ambas cámaras, donde el oficialismo intentará sumar los consensos necesarios para aprobar este cambio de estrategia geopolítica.
