El Ministerio de Salud de la Nación implementará un nuevo sistema informático obligatorio. La medida busca unificar los criterios de control sobre las recetas electrónicas, optimizar el circuito logístico y reducir el fraude en los despachos.
A partir de las próximas semanas, las farmacias de todo el país deberán incorporar de manera obligatoria un mecanismo de validación biométrica y digital para constatar la identidad de los pacientes antes de proceder a la entrega de medicamentos. La resolución, impulsada por el Ministerio de Salud, establece que los establecimientos farmacéuticos tendrán que cruzar los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI) digital o físico con los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper). Este procedimiento informático será un requisito indispensable tanto para la dispensa de fármacos bajo receta como para aquellos cubiertos por obras sociales y prepagas.
El objetivo prioritario de las autoridades sanitarias consiste en robustecer los canales de seguridad y auditoría en torno a la prescripción de medicamentos, unificando definitivamente el ecosistema de recetas electrónicas que rige a nivel nacional. Desde la cartera de salud explicaron que la implementación de esta tecnología permitirá erradicar maniobras fraudulentas, como la duplicación de órdenes médicas, el uso indebido de carnets de cobertura médica falsificados y el retiro de estupefacientes o psicofármacos con identidades apócrifas. Además, la plataforma generará un historial clínico digitalizado y trazable para resguardar la seguridad del consumidor.
La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) ya inició las conversaciones técnicas con las autoridades gubernamentales para coordinar la adecuación de los sistemas informáticos de las farmacias de barrio, buscando que la transición tecnológica no afecte la atención diaria. Si bien desde el sector farmacéutico respaldan el espíritu de la norma en términos de transparencia y despapelización, manifestaron cierta preocupación por la conectividad en las regiones del interior y la necesidad de contar con plazos de adaptación flexibles. El Gobierno prevé habilitar un período de prueba sin sanciones antes de que el control digital sea estrictamente excluyente para la facturación.
