Tras la apertura de las sesiones ordinarias, los bloques de la oposición criticaron con dureza el tono del Presidente. Acusaron al mandatario de evitar anuncios concretos y de utilizar el recinto del Congreso como un escenario para profundizar la polarización política.
La Asamblea Legislativa de este 1 de marzo dejó un clima de alta tensión en el Congreso Nacional. Los principales referentes de Unión por la Patria y de los bloques moderados coincidieron en señalar que el discurso de Javier Milei estuvo cargado de descalificaciones hacia la dirigencia política, calificándolo de «belicoso» e «inmaduro». Según los legisladores opositores, el tono enardecido del Presidente, que incluyó frases polémicas hacia sus rivales, busca desviar la atención de los indicadores económicos negativos y la pérdida del poder adquisitivo. «Habló de un país que no existe mientras las provincias territoriales sufren el ajuste», afirmaron desde las bancadas del interior.
Las críticas no se limitaron solo al peronismo; sectores que habitualmente mantienen una postura dialoguista también expresaron su decepción ante la falta de propuestas para el ciclo 2026. Diputados y senadores resaltaron que, en lugar de convocar a una mesa de trabajo para afrontar los problemas estructurales, el Ejecutivo optó por reafirmar su estrategia de «ir a buscar» a quienes piensan distinto a través de la vía judicial. Para la oposición, esta actitud dificulta el tratamiento de leyes clave en el período ordinario que acaba de comenzar, generando una incertidumbre que podría frenar el acompañamiento a nuevas reformas de desregulación económica.
A pesar del malestar en el recinto, el oficialismo defendió la intervención presidencial como un acto de «honestidad brutal» y una reafirmación del mandato popular obtenido en el balotaje. En la Casa Rosada sostienen que el discurso reflejó el sentir de la mayoría de los argentinos que apoyan el cambio de rumbo institucional. Sin embargo, para gran parte del arco político, la jornada marcó el inicio de un año parlamentario que estará atravesado por una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que obligará al Gobierno nacional a redoblar sus esfuerzos de negociación si pretende avanzar con su ambiciosa agenda de reformas políticas y comerciales.
