Tras los avances en materia económica, la Casa Rosada comienza a delinear un ambicioso proyecto para transformar el sistema electoral y de partidos. El Gobierno busca eliminar las PASO y avanzar hacia la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional para las próximas elecciones.
Con el impulso de las recientes victorias legislativas, el Gobierno nacional ha comenzado a trabajar en el diseño de una reforma política integral que pretende enviar al Parlamento en las próximas semanas. El eje central de la propuesta es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), bajo el argumento de que representan un gasto excesivo para el Estado y una carga innecesaria para la ciudadanía. Desde la mesa política oficialista sostienen que el ciclo 2026 debe ser el año de la «transparencia y la austeridad electoral», permitiendo que los partidos políticos financien sus propias internas y que el proceso de votación sea más ágil y económico en todo el territorio.
La implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) es el otro pilar fundamental de la iniciativa. El Ejecutivo considera que este sistema garantiza una mayor equidad entre las fuerzas políticas, terminando con prácticas como el robo de boletas y reduciendo significativamente los costos de impresión y logística. Esta medida cuenta con una recepción favorable en varios sectores de la oposición moderada y entre los gobernadores de las provincias territoriales, muchos de los cuales ya han implementado sistemas similares en sus distritos. El diálogo con las provincias será clave para unificar criterios y asegurar que la transición hacia el nuevo modelo no genere fricciones operativas durante los comicios.
Además de los cambios en el sistema de votación, el proyecto incluiría una revisión del financiamiento de los partidos y la estructura de las listas electorales. El objetivo es profesionalizar la representación política y fomentar una mayor rendición de cuentas ante el electorado. La Casa Rosada espera que el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto se inicie antes del invierno, buscando sancionar la ley con suficiente antelación al inicio del próximo calendario electoral. De concretarse, esta reforma se sumará al paquete de transformaciones estructurales con las que el oficialismo pretende cerrar un año de cambios institucionales profundos en la Argentina.
