El Poder Ejecutivo postergó hasta el 1° de octubre la aplicación de los incrementos pendientes sobre los combustibles líquidos, buscando evitar un impacto directo en los costos de transporte y precios minoristas.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió aplazar por un mes la actualización de los gravámenes que inciden directamente sobre las naftas y el gasoil. La medida congela de forma temporal los incrementos correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono, reprogramando su entrada en vigencia para el 1° de octubre.
La decisión oficial responde a una estrategia deliberada para contener la dinámica de costos en un momento clave de la gestión económica. Desde el Palacio de Hacienda buscan evitar que el ajuste acumulado en los tributos se traslade de inmediato a los precios de pizarra en las estaciones de servicio, lo que desencadenaría un efecto dominó sobre los fletes de carga, la logística del sector agropecuario y el costo de vida general de los consumidores.
Con esta prórroga, el equipo económico intenta consolidar la trayectoria descendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC), respaldado por indicadores mayoristas recientes que entusiasman al Poder Ejecutivo. Aunque la carga impositiva sobre los carburantes ha registrado una recuperación significativa en términos reales a lo largo de los últimos meses, las autoridades apostaron por priorizar la estabilidad de la macroeconomía y la desaceleración inflacionaria antes de convalidar un nuevo golpe al bolsillo.
