El organismo multilateral de crédito le reclamó al Gobierno nacional modificaciones profundas en el esquema impositivo para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Las medidas sugeridas buscan incrementar la base de contribuyentes asalariados y modificar las escalas del régimen simplificado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso sobre la mesa de negociaciones una serie de exigencias de carácter impositivo destinadas a consolidar la recaudación del Estado argentino en el marco de las revisiones del programa financiero vigente. En sus documentos técnicos más recientes, el staff del organismo internacional enfatizó la necesidad de avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo y eficiente, señalando que los actuales niveles de equilibrio de las cuentas públicas dependen excesivamente de tributos distorsivos de corto plazo. Para revertir este escenario de vulnerabilidad estructural, la conducción del fondo recomendó un ambicioso rediseño de las principales normativas fiscales que rigen sobre los ingresos de las personas físicas y los pequeños contribuyentes.
La propuesta central y de mayor impacto político del organismo radica en una reforma integral del Impuesto a las Ganancias que obligue a una mayor proporción de trabajadores en relación de dependencia a tributar el gravamen mediante la reducción del piso salarial de exención. Desde la óptica del FMI, la base imponible en la Argentina se encuentra fuertemente deprimida en comparación con los promedios de la región, por lo que resulta indispensable ampliar el universo de asalariados alcanzados para dotar de previsibilidad a los ingresos corrientes del Palacio de Hacienda. En sintonía con este planteo, las autoridades de Washington solicitaron una reestructuración profunda del Régimen de Monotributo, advirtiendo que las escalas vigentes propician situaciones de enanismo fiscal y subdeclaración de ingresos que perjudican las arcas del Estado.
El planteo del staff internacional generó un inmediato estado de deliberación en los despachos oficiales y encendió las alarmas de los equipos técnicos del Ministerio de Economía, en momentos donde la paz social y la recuperación del consumo interno se consolidan como prioridades de gestión. Si bien el Gobierno nacional comparte la premisa de avanzar hacia la simplificación del entramado tributario, los estrategas oficiales sopesan con extremo cuidado el costo político y legislativo que implicaría un endurecimiento impositivo sobre los sectores medios de la población a las puertas de un año electoral. Las deliberaciones entre las misiones del fondo y los funcionarios locales continuarán en las próximas semanas con el objetivo de evaluar la factibilidad técnica de implementar las modificaciones de manera gradual.
